Madrid. 19 mayo 2017
El portal La Marea en su publicación de ayer jueves 18 rebeló desde la fuente argelina Tout sur l´Algérie que el Ejecutivo europeo y las autoridades
marroquíes trabajan para saltarse el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo
que excluye los territorios ocupados Sáhara Occidental del acuerdo de libre comercio con Marruecos.
En 2016 el Tribunal de Justicia Europeo
dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio “separado y distinto del Reino de Marruecos”, tal y como establece Naciones Unidas desde los
años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes
y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga
efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de
la antigua colonia española en el acuerdo siempre que “el pueblo del Sáhara
Occidental haya manifestado su consentimiento”, pero los últimos
acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa
vía.
El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso
a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial,
vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout
sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya
que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al
Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones
Unidas.
La treta legal que preparan la Comisión y
Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal
europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo
comercial, estableciendo “población del Sáhara” donde actualmente se lee
“pueblo del Sáhara Occidental”, reconocería a efectos legales que la población
de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta
fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los
encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la
sentencia.
El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado
Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento
Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea
enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio,
Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente
(actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión
por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo
para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres,
Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.
“El punto clave de la renegociación entre la UE
y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui”, explicó a La Marea
Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de
la negociación de dicho acuerdo. “La Comisión y los Estados miembros tienen que
dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de
paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional”,
declara Marcellesi desde Bruselas.
Justicia sin prisa
La máxima autoridad judicial europea tardó
cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que
cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo
comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo
este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio
pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su
estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el
Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su
soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos
naturales.
Después de que el Tribunal europeo emitiera su
veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y
Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles
en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después
de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera “la
condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con
arreglo al Derecho internacional”, el ministro de Agricultura marroquí amenazó
con la reanudación del flujo migratorio”. Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail
pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis que trabaje
para que España respete las sentencias europeas.
Los intentos de la Comisión europea por
esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de
conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el
fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates
políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a
varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia
europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada
país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un
carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de
pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de la
sentencia europea. En cambio, otros
buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados
dentro y fuera de la Unión Europea y presentados a los tribunales.
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