Diario La Realidad Saharaui/ DLRS, 18/03/2021 صحيفة الواقع الصحراوي
- Varias organizaciones denuncian el gobierno de España por nueva venta de buque de guerra a Marruecos en plena guerra contra los saharauis, publica hoy el portal Contramutis
- La venta contraviene la legislación española
sobre comercio de armas y el Derecho Internacional. El canal de Televisión Saharaui en español entrevista el abogado Sidi Talebbuia.
Caza marroquí abatido en la guerra del Sahara Occidental
Fuerzas blindadas del Ejército de la República Saharaui, RASD
Las organizaciones denunciantes alegan que la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y la escalada de represión en el Sáhara Occidental ocupado prohíben la operación. El canal de Televisión Saharaui en español entrevista el abogado Sidi Talebbuia.
En portal de información Contramutis en su edición
de este jueves afirma que.-Doce organizaciones jurídicas y sociales han
denunciado la venta de un buque de guerra a la marina marroquí al considerar
que contraviene la legislación española para el comercio de armas y el Derecho
Internacional.
En la denuncia, presentada el 18 de marzo en el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Madrid, se pide al Gobierno que
paralice la “venta ilegal” de un patrullero de altura, que tiene previsto
fabricar la empresa pública Navantia,
tal y como anunció el 8 de enero pasado la Ministra de Hacienda, María Jesús
Montero.
Las organizaciones denunciantes consideran que
la venta del buque de guerra se enmarca dentro de la reanudación del conflicto
armado entre Marruecos y la República Saharaui, (Frente Polisario), y el
aumento de la represión marroquí contra la población civil saharaui en las
zonas ocupadas del Sáhara Occidental, verificada por las organizaciones
internacionales de derechos humanos y de
la que se hizo eco los pasados días el Gobierno alemán.
El portal dijo que “Esta situación obliga a la
Administración española a denegar las autorizaciones de exportación de equipos
militares a Marruecos según la Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007, el Real
Decreto 679/2014 (que incorpora también limitaciones previstas en las normas
internacionales) y la Aplicación de la Posición común 2008/944/PESC aprobada por
el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008”.
Por otra parte, la fuente dijo que, “La venta
del buque también viola la responsabilidad jurídica de España como potencia
administradora de iure del territorio no autónomo del Sáhara Occidental,
reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea, y el
compromiso expresado en comunicado oficial el 13 de noviembre de 2020 por el
Ministerio de Exteriores de “apoyo a la ONU para garantizar alto el fuego en el
Sáhara Occidental”.
Afirman que el retorno a las hostilidades es
una preocupación expresada por la Unión Africana en su Asamblea
Extraordinaria del pasado 6 de
diciembre, y que la empresa pública española Enaire, encargada de gestionar la
navegación aérea, ha desaconsejado sobrevolar el Sáhara Occidental.
La decena de organizaciones ha recordado al
Gobierno de España que, “La compra de armamento por parte de Marruecos es un
tema sensible teniendo en cuenta sus intereses expansionistas, que alcanzan las
aguas de Canarias, y su precaria situación económica; ambos factores
vinculantes en la normativa nacional e internacional para autorizar estas
exportaciones”.
Y recordaron también que “el régimen marroquí,
receptor de grandes ayudas españolas y europeas, desvía sus recursos a la
compra de armamento, cuando su propia población emigra de manera masiva ante la
pobreza de un país cuyos indicadores económicos y sociales acreditan una
situación de miseria grave y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit
alimentario a la altura de los países africanos peor situados”.
Esta denuncia llega tras la protesta realizada
el 27 de febrero ante la sede de Navantia en Cádiz por la población saharaui en
la diáspora y el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, para que no
se utilice, como hizo la Ministra Montero, la depauperada situación económica
de la provincia de Cádiz, donde se construirá el patrullero, como excusa para
esta venta ilegal que obliga a trabajadores y trabajadoras a elegir entre la
fabricación de armas o el pan de sus familias”, afirman las organizaciones denunciantes.
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