Diario La Realidad Saharaui/DLRS صحفة الواقع الصحراوي
Un artículo del periodista La Farga, CB del
portal Contramutis. Minucioso estudio sobre el silencio del gobierno que dirige
Pedro Sanchez mayoría del PSOE que no han movido palanca para proteger el
periodista Ignacio Cembrero que está siendo hostigado en tribunales de España
por el DGED marroquí usando para ello sus fardos de dólares con que silencia y
mueve las instituciones europeas. La Farga solo dice que “Políticos de
Ciudadanos, Compromís, Podemos, Bildu y, con discreción, del PP han expresado
su apoyo al informador demandado por cuarta vez por Rabat. Ninguno con carné
del PSOE y responsabilidades de gobierno manifestó su solidaridad”
Por Ignacio Cembrero
Nunca se me pasó por la cabeza que algún
miembro del Gobierno español o algún alto cargo socialista evocara en público,
refiriéndose a mí, el respeto de las libertades de expresión y de prensa en
España. Sabía que no dirían nada que pudiera disgustar al vecino marroquí. Sí
me imaginé que alguno me daría una discreta palmada en la espalda y me desearía
suerte en voz baja. Nadie lo ha hecho.
Si no hay sorpresas de última hora, el 13
de enero se celebrará el juicio tras la demanda por “acción de jactancia” que
me puso en junio el Reino de Marruecos. Me habría jactado de haber sido espiado
con el programa malicioso Pegasus que los servicios secretos de Marruecos
intentaron introducir en centenares de móviles de políticos europeos, empezando
por el presidente Emmanuel Macron, de exiliados marroquíes y de periodistas.
El espionaje marroquí en España: de Pegasus
a inventar líos de faldas a Aznar
Ignacio Cembrero
Los abogados de Marruecos piden a la jueza
que me retracte, que exonere a Rabat de haber espiado con ese malware y que sea
condenado a pagar las costas judiciales. Barajaron solicitar también que
indemnizara al Reino de Marruecos por los daños causados, con mis artículos
sobre Pegasus, en materia comercial o turística, pero renunciaron a ello. Es la
cuarta vez desde 2014 que las autoridades marroquíes me llevan a los tribunales
en España, dos por la vía penal —me denunciaron por apología del terrorismo— y
otras dos por la civil.
Varios diarios europeos publicaron, el 18 de
julio de 2021, la investigación del consorcio periodístico Forbidden Stories.
Mi número de móvil figuraba entre los objetivos del espionaje marroquí. Un mes
antes, el 20 de junio, Hassan Alaoui, director de Maroc Diplomatique, un medio
afín a las autoridades de Rabat, se hizo eco en su columna, titulada “Cembrero,
el ectoplasma de la Moncloa”, de dos mensajes de WhatsApp que intercambié, en
mayo de 2021, con miembros del Gobierno español. Ese mes se alcanzó el apogeo
de la crisis entre España y Marruecos. Tenía motivos de sobra para pensar que
estaba siendo espiado.
Ola de solidaridad con el periodista
Ignacio Cembrero tras la denuncia de Marruecos
Lourdes Barragán
No recibí esa palmadita en la espalda, pero
algunos miembros socialistas del Gobierno sí me hicieron comentarios en privado
sobre la demanda del vecino marroquí. “Marruecos, políticamente hablando, no
tiene más remedio que acudir a los tribunales contra quien le imputa un
delito”, me dijo uno de ellos. “Marruecos tiene derecho a defenderse”, insistió
otra.
Quizá no sepan todos ellos que la media docena
de demandas por vulneración del derecho al honor que interpuso el Reino de
Marruecos, a finales de 2021, en París, contra medios de comunicación
franceses, fueron desestimadas por los jueces y ni siquiera hubo juicios. Quizá
no sepan tampoco que en abril pasado la Comisión Europea presentó una batería
de propuestas para impedir los procedimientos judiciales abusivos contra
periodistas y activistas por parte de Estados extranjeros y de multinacionales.
Marruecos rehabilita al artífice de Pegasus
y exhibe su reunión con la directora del CNI
Ignacio Cembrero
Solo hubo un socialista español con carné
que me escribió para interesarse por el juicio y desearme suerte. Reside fuera
de España y está apartado desde hace años de la política española. Otro miembro
del PSOE, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, recogió una demanda.
Preguntó en la comisión Pegasus de la Eurocámara, el 29 de noviembre, a la
directora del CNI, Esperanza Casteleiro, si el Centro Criptológico Nacional
podría ayudar a algunos periodistas a protegerse del espionaje. No recibió
respuesta alguna.
El
silencio de los socialistas contrasta con las muestras de solidaridad de otros
partidos políticos. Bildu y Compromís formularon preguntas al Gobierno en el
Congreso y en el Senado, que recibieron respuestas evasivas. Ciudadanos y
Podemos hicieron otro tanto en el Parlamento Europeo. La eurodiputada de
Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa evocó el “acoso sistemático” que padezco, en el
pleno de la Eurocámara, ante el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Escribió además una carta a Josep Borrell, alto representante para la Política
Exterior de la UE. En mi correo hay también un buen número de mensajes privados
de apoyo de políticos de otros partidos, sobre todo del PP y alguno de Vox.
Desde que el presidente Pedro Sánchez se
alineó, en marzo de 2022, con la solución propugnada por Rabat para resolver el
conflicto del Sáhara Occidental, España y Marruecos viven una auténtica luna de
miel. Hubiese bastado con que, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel Albares, sugiriera a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en una
de sus numerosas reuniones, que retirara la demanda para que, probablemente,
accediera a ello. No lo intentó.
Las siete razones que demuestran el
desinterés del Gobierno por aclarar el espionaje con Pegasus
Ignacio Cembrero
No es de extrañar. Pedro Sánchez y Albares
aceptaron reconciliarse con Marruecos sin supeditarlo a que los abogados y
clientes afines al servicio secreto exterior marroquí (Dirección General de
Estudios y Documentación) retirasen las denuncias que habían puesto en un
juzgado de Zaragoza tras la llegada a España, en abril de 2021, de Brahim
Ghali, el líder del Frente Polisario enfermo de covid.
La
exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fue su jefe de
gabinete, Camilo Villarino, estuvieron imputados por un juez de Zaragoza, hasta
bien entrada la primavera de 2022, por prevaricación, falsedad documental y
encubrimiento por organizar la acogida de Ghali en un hospital riojano. La
denuncia fue puesta por el abogado valenciano Juan Carlos Navarro a instancias
de dos clientes, el empresario hispano-marroquí Rachad Andaloussi y el
exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras. Todos ellos formularon la denuncia
“por cuenta de la DGED”, según un informe reservado del Centro Nacional
Inteligencia (CNI) del 24 de junio de 2021. “La oficial de la DGED que dirige
esta línea de trabajo es Imane Kanjaa”, precisó el servicio secreto español.
Si,
tras reconciliarse con Rabat hace 10 meses, el Gobierno de Sánchez no dio un
toque a su socio marroquí para que pusiera fin al acoso judicial de una
exministra suya, no cabe esperar que mueva un dedo ante Marruecos para que un
periodista pueda seguir ejerciendo libremente su oficio.
Fuente: El Confidencial
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.