La Liga Española Proderechos Humanos exige de España responsabilidad respecto a los saharauis

Diario La Realidad Saharaui/DLRS, lunes 15/06/2020

La Liga Española Proderechos Humanos dirige una carta al presidente de turno del Gobierno de la Coalición Española, el Sr. Pedro Sánchez

Madrid,-El presidente de la Liga Española Proderechos Humanos LEPDH Francisco José Alonso Rodríguez a raíz de la irregular sentencia del Tribunal Superior de Justicia Española sobre su negación de conceder a los saharauis  la nacionalidad española, derecho que les concede el esquema del derecho internacional, habiendo nacidos en el Sahara Occidental y siendo el territorio colonia y provincia del Estado Español. 

El presidente de la LEPDH en total desacuerdo con el procedimiento judicial en nombre de su organización se ha dirigido a Pedro Sánchez pidiéndole que se revise el error y no atropellar un derecho natural para los saharauis que habían nacido en el Sahara Occidental y portan documentos de la época.

“España, en 1975 incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui violando deliberadamente los Principios y Propósitos y de la Carta de las Naciones Unidas”, afirma Francisco Alonso, por entregar unilateralmente la excolonia a Marruecos y a Mauritania sin consultar la población del territorio y su representante el Frente Polisario, organización reconocida por la ONU y la Unión Africana.

El presidente de la LEPDH subraya en su carta que “La población saharaui nos da una lección de dignidad, paciencia, valentía y espíritu de sacrificio, demostrándonos que todo tiene un límite, y que los tristemente célebres Acuerdos Tripartitos de Madrid sólo fueron un instrumento ilegal cuya no denuncia, ha arrastrado a una desestabilización a toda la zona, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos, y expolio en sus medios de subsistencia han sido y son el triste legado de los tristes acuerdos”.

Francisco Alonso pide a los partidos políticos españoles denunciar los acuerdos y restituir de inmediato la nacionalidad a los saharauis que tienen derecho a ella. Y concluye exigiendo que  España debe entregar a las Naciones Unidades sus responsabilidades sobre el territorio adquiridas como potencia administradora del Sahara Occidental.