Diario La Realidad Saharaui, DLRS
Madrid 19/04/2017
Amnistía Internacional vuelve a advertir sobre
la grave situación de las violaciones de derechos humanos que perpetúa
Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. AI su advertencia
la ha hecho pública en su web el 18 de abril. La ONU debe dar prioridad a la
observación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental
controlado por Marruecos y los campamentos de refugiados saharauis situados
junto a la frontera, en Tinduf (Argelia), ha declarado hoy Amnistía Internacional
con motivo de la votación del Consejo de Seguridad el próximo 27 de abril para
renovar el mandato de su presencia para el mantenimiento de la paz en la zona.
La Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) carece actualmente del mandato de
documentar la situación de los derechos humanos o informar de ella a pesar de
que siguen cometiendo abusos tanto las autoridades marroquíes como el Frente
Polisario, el movimiento independentista saharaui que administra los campamentos
de refugiados saharauis en torno a Tinduf, en el sur de Argelia.
“Permitir que la misión de paz de la ONU
observe la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los
campamentos de refugiados de Tinduf es crucial para garantizar que el mundo
conoce los abusos que se cometen lejos del escrutinio público, hacer que los
responsables rindan cuentas y mejorar el respeto hacia estos derechos”, ha
manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional
en el Norte de África.
“La misión de la ONU en el Sáhara Occidental es
la única operación de mantenimiento de la paz moderna del mundo que carece de
un componente de derechos humanos. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde
que se estableció y ya es hora de mejorar su estatuto para permitirle informar
sobre estas violaciones.”
Permitir que la misión de paz de la ONU observe
la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los
campamentos de refugiados de Tinduf es crucial para garantizar que el mundo
conoce los abusos que se cometen lejos del escrutinio público.
La necesidad de una vigilancia independiente e
imparcial de la situación de los derechos humanos es especialmente urgente
teniendo cuenta la impunidad que sigue imperando por los abusos y violaciones
cometidos en el pasado en el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, así
como las crecientes tensiones políticas en torno a las denuncias de
infracciones por ambas partes del acuerdo de alto el fuego en la zona temporal
de seguridad situada cerca de la frontera con Mauritania.
A lo largo del año pasado, Amnistía
Internacional ha seguido documentando violaciones de derechos humanos, y
concretamente, restricciones arbitrarias impuestas a manifestantes y activistas
pacíficos partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental, así como
la vulneración de su derecho a un juicio justo y de la prohibición de la
tortura y otros malos tratos.
La organización también está siguiendo el nuevo
juicio civil contra 24 saharauis, entre los que hay activistas de derechoshumanos y políticos, condenados con anterioridad a duras penas de prisión en unjuicio militar manifiestamente injusto. Los enjuiciados fueron detenidos en 2010
en relación con unos enfrentamientos violentos en los que murieron 11 miembros
de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis tras la disolución por
la fuerza de un campamento de protesta en Gdim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara
Occidental). El bloqueo informativo impuesto por las autoridades marroquíes en
aquel momento sobre lo sucedido y la polémica que rodeó los enfrentamientos son
un claro ejemplo de la necesidad urgente de un monitoreo imparcial y autorizado
de la situación de los derechos humanos en la región.
Los perpetradores de abusos contra los derechos
humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante
el conflicto armado de Marruecos con el Frente Polisario entre 1975 y 1991 han
quedado en gran medida impunes. Del mismo modo, el Frente Polisario no ha
exigido cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos
cometidos durante ese periodo en los campamentos de refugiados que controla la
organización.
La capacidad de la MINURSO quedó reducida el
año pasado después de que las autoridades marroquíes expulsaran en marzo a
varios miembros del personal civil de la Misión, incluido personal encargado de
la limpieza de minas del Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las
Minas (UNMAS). El UNMAS considera que el Sáhara Occidental es uno de los
territorios más minados del mundo, donde se han producido más de 2.500 víctimas
desde 1975. Grupos locales de derechos humanos han informado de varias personas
muertas y heridas a causa de minas terrestres en el Sáhara Occidental el pasado
año. Entre las víctimas figuraba una niña de 12 años que murió por una mina
terrestre en Mahbes, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, en mayo
de 2016.
“En lugar de dificultar la labor de la MINURSO,
las autoridades marroquíes deben cooperar plenamente con la Misión para
garantizar que ésta puede desempeñar su labor a plena capacidad. Por su parte,
el Consejo de Seguridad debe ampliar el mandato de la Misión para incluir la
vigilancia y la información de la situación de los derechos humanos. No hacerlo
probablemente sólo servirá para fomentar nuevas violaciones y para que continúe
la impunidad”, concluyó Morayef.
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